Perseguido por la suerte de su destino implacable, Diego "Tape" Caram presentó su renuncia a la Intendencia de Mercedes. Lo hizo luego de que la Justicia dispusiera su detención por haber violado los términos de su excarcelación por haber sido condenado a más de siete años de prisión por varios delitos contra la administración municipal.

Caram fue acusado por "usurpación de autoridad y desobediencia" por el fiscal Adrián Casarrubia porque se presentó al despacho de la Intendencia, pese estar suspendido de sus funciones por el Concejo Deliberante.

La detención del renunciante Jefe comunal se concretó el primer día del mes en la noche por orden de la juez de Garantías María Eugenia Ballará, quien ayer le dictó la prisión preventiva en la nueva causa se abrió en su contra.
Por la mañana, se conoció un texto elevado a la Presidencia del Concejo Deliberante en el que además de dar sus datos filiatorios anuncia la decisión de "presentar mi formal renuncia".

El texto destaca que accedió al cargo por elección popular y que la suspensión de la que fue objeto por parte del Concejo Deliberante todavía "está sujeta a decisión judicial" y argumenta que su condena todavía no está firme.

También resalta Caram: "Ante la eventualidad de que la Justicia resuelva reponerme en el cargo, y con la finalidad de no entorpecer la gobernabilidad de nuestra ciudad a todo acontecimiento vengo a anteponer mi formal renuncia como intendente municipal".

Explicó que se presentó en el municipio porque la Carta Orgánica municipal estipula una suspensión de 30 días máxima. "Y después presenté una licencia al Concejo Deliberante y también al Ejecutivo, y terminando la licencia tenía que presentarme a trabajar".

Audiencia y prisión preventiva

Tras la acusación por usurpación de autoridad y desobediencia, en la mañana de ayer se desarrolló una audiencia de aplicación de medidas de coerción, en los términos del artículo 235 del Código Procesal Penal, en que el fiscal Casarrubia requirió la prisión preventiva para Caram, medida que fue homologada por el tiempo que dure la investigación.

Casarrubia fundamentó su planteo en "el riesgo de que el imputado, actualmente detenido, pueda influir en los testigos", de acuerdo al articulado pertinente del Código Procesal Penal y teniendo en cuenta "el comportamiento del imputado en este y en procesos anteriores".

En tanto que la defensa del Jefe comunal a cargo de Marcos Harispe rechazó los argumentos esgrimidos por el fiscal y desmintió cualquier riesgo de fuga, en razón de la inhibición general de bienes que pesa sobre el mismo en causa anterior, y a su entender, inexistencia de gravedad del hecho investigado.

Tras la resolución de mantenerlo preso a Caram, la defensa presentó la impugnación de la medida, lo que fue rechazado por la magistrada en razón de ausencia de motivación suficiente por parte de la defensa para ello.

Condena por corrupción

Tras un proceso de varios años, el 8 de mayo el Tribunal Oral Penal de Mercedes dio a conocer las penas a las que fueron condenados el intendente Diego Caram junto a otros funcionarios municipales por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real".

A Caram se le impuso una pena de a siete años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Los otros condenados fueron Pedro Brun, exsecretario de Hacienda que recibió una sentencia de a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua. A Claudio Deimundo Tesorero, cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua. Gabriela Gómez, del área de Bienes Patrimoniales, recibió tres años en suspenso e inhabilitación perpetua. Mariángeles Solange García Fariña fue sancionada con dos años y seis meses en suspenso e inhabilitación perpetua y Cecilia Casco, auxiliar administrativa de la secretaría privada, dos años en suspenso.

Truchos

La condena del intendente Diego "Tape" Caram y sus funcionarios fue por falsificar planillas de planes sociales con fondos destinados a la asistencia social.

La Justicia comprobó que al menos 55 personas fueron agregadas a planillas de planes sociales sin recibir el beneficio ni tener conocimiento de esa situación, eran vulnerables y estaban domiciliadas en parajes de Mercedes.

Fuente: Diario Época